La madrugada del domingo 27 de julio, el Gobierno de Ecuador completó la deportación de 1.000 presos de nacionalidad colombiana que cumplían condenas en diversas cárceles del país. El proceso se inició el viernes con la expulsión de los primeros 700 reos y continuó hasta totalizar un millar, con pasos fronterizos coordinados en Rumichaca, provincia de Carchi.
Las autoridades ecuatorianas aseguran que cada traslado se realizó “con respeto a los derechos humanos” y tras audiencias individuales para revisar la situación jurídica de cada interno. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) informó que, durante julio, celebró cerca de 1.000 sesiones judiciales que permitieron emitir las boletas de excarcelación y coordinar la entrega al Ministerio del Interior para su repatriación.
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Detalles del operativo de deportación
El operativo se desarrolló bajo estrictos protocolos de seguridad y contó con la custodia de decenas de agentes de policía y personal militar. Los reos, vestidos con uniformes naranjas, fueron trasladados en convoyes hasta el Puente Internacional de Rumichaca, donde fueron entregados a las autoridades colombianas.
Según la gobernadora de Carchi, Diana Pozo, cerca de 870 personas cruzaron la frontera el sábado 26 de julio, lo que representa aproximadamente el 60 % de la población carcelaria colombiana en Ecuador. El proceso incluyó coordinación con Migración de ambos países para evitar aglomeraciones y garantizar atención humanitaria.
El SNAI basó estas expulsiones en la Ley Orgánica de Movilidad Humana y el artículo 61.1 del Código Orgánico Integral Penal, tras un acuerdo ministerial suscrito el 2 de julio. En cada caso, el Consejo de la Judicatura expidió la boleta de excarcelación dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia, habilitando así la salida de los reclusos.
Reacciones y tensión diplomática
La Cancillería de Colombia presentó el viernes una nota de protesta contra Quito por considerar el proceso “unilateral” y en “incumplimiento del derecho internacional”, al no haber sido informada con antelación ni establecido un protocolo bilateral. El secretario de Gobierno de Ipiales señaló que, al no contar con un plan de contingencia, se improvisó la atención a los deportados.
El presidente Gustavo Petro escribió en la red social X que “Ecuador nos responde con desdén”, mientras que el ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano reafirmó que comunicó oficialmente la repatriación al consulado colombiano desde el 8 de julio y negó que se tratara de una deportación colectiva.
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Marco legal y antecedentes
El presidente Daniel Noboa había anunciado en 2024 su intención de deportar presos extranjeros para descongestionar el sistema penitenciario, declarando al país bajo “conflicto armado interno” para enfrentar al crimen organizado. En aquel entonces, unos 3.200 reos foráneos —principalmente colombianos y venezolanos— fueron devueltos en tandas sucesivas.
Este nuevo operativo marca un escalón más en la política de “tolerancia cero” de Quito frente al delito y profundiza la compleja relación bilateral en materia de seguridad y justicia.
Prohibición de reingreso
El Ministerio del Interior anunció que los 1.000 deportados tendrán prohibido el ingreso a Ecuador por los próximos 40 años, medida establecida para disuadir la reincidencia y garantizar la seguridad del sistema penitenciario nacional.
