La fiscal Diana Salazar denunció haber recibido presiones y amenazas por la denuncia que presentó en contra de 15 personas por presunto peculado en la firma de un contrato para la exploración y explotación de campo Singue.
Tres días después de cumplirse la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio por el presunto cometimiento del delito de peculado, Diana Salazar, Fiscal General del Estado, denunció haber recibido presiones a través de llamadas telefónicas el pasado fin de semana.
También afirma haber recibido amenazas que se trasladaron afuera de la sala de audiencias de la Corte Nacional de Justicia de parte de uno de los procesados. Salazar defendió la acusación por peculado contra 15 personas por la suscripción del contrato con el consorcio DGC para la exploración y explotación del campo Singue, con un supuesto perjuicio contra el Estado ecuatoriano de 28 millones de dólares.
Entre los procesados por el caso Singue están el exvicepresidente Jorge Glas, y los exministros del Gobierno de Rafael Correa, Carlos Pareja Yannuzzelli y Wilson Pástor.