El jueves 24 de julio de 2025, la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, anunció un ambicioso plan de eficiencia administrativa que contempla la reducción de 20 a 14 ministerios y de 9 a 3 secretarías, así como la desvinculación de 5.000 funcionarios públicos. La medida, adoptada mediante el Decreto Ejecutivo 60 emitido por el presidente Daniel Noboa, forma parte de una estrategia de modernización del Estado que busca optimizar recursos y mejorar la gestión de la Administración Pública.
Este proceso de reorganización institucional incluye dos grandes ejes de acción: la fusión de carteras de Estado y la supresión de partidas de personal que “obstruían el desarrollo de las acciones de cada ministerio”, según Jaramillo. El plan se implementa en tres fases: evaluación permanente de funcionarios, apertura de oportunidades para jóvenes profesionales y reorganización ejecutiva mediante fusiones.
Plan de eficiencia administrativa y desvinculaciones
El Gobierno ha iniciado la desvinculación de 5.000 plazas en la Función Ejecutiva y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), aplicando criterios técnicos y no políticos. Quedan exceptuados militares, policías, médicos, enfermeras y docentes, aunque sí se recortará personal administrativo en esos sectores. Cada funcionario desvinculado contará con un informe institucional que respalde la decisión y recibirá indemnizaciones y liquidaciones financiadas por el Estado.
Jaramillo recalcó que esta medida no responde a exigencias del Fondo Monetario Internacional, sino a la necesidad de contar con un cuerpo de servidores públicos centrados en la eficiencia y transparencia. El plan de desvinculaciones no implica la creación automática de las mismas plazas suprimidas, y se prevé que en los próximos meses se abran nuevas partidas para incorporar jóvenes al servicio público.
Detalle de las fusiones ministeriales
Con la reducción del 41 % de las carteras de Estado, las principales fusiones anunciadas son:
- Transporte y Vivienda: El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda se integra al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
- Educación, Cultura y Deporte: El Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Ministerio del Deporte se fusionan al Ministerio de Educación.
- Gobierno y Mujer: El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos pasa al Ministerio de Gobierno.
- Energía y Ambiente: El Ministerio del Ambiente se incorpora al Ministerio de Energía y Minas.
- Educación Superior: La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) se une al Ministerio de Educación.
- Producción y Turismo: El Ministerio de Turismo se añade al Ministerio de Producción.
- Agricultura y Pesca: El Viceministerio de Acuacultura y Pesca se fusiona al Ministerio de Agricultura y Ganadería.
- Inclusión Social: La Secretaría Técnica “Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil” queda bajo el comando del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
- Inversiones y Gestión Inmobiliaria: La Secretaría de Inversiones Público-Privadas y la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público se adscriben a las carteras de Transporte y a la Secretaría General de Administración Pública, respectivamente.
- Planificación y Seguridad: La Secretaría Nacional de Planificación pasa a la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete; el SNAI y el ECU‑911 se incorporan al Ministerio del Interior.
Impacto presupuestario y futuras incorporaciones
Según datos del IESS con corte a abril de 2025, la nómina pública asciende a 654.777 personas, por lo que las 5.000 desvinculaciones representan menos del 1 % del total. Con un salario promedio de USD 1.145, el Estado ahorrará aproximadamente USD 5,5 millones mensuales o USD 68,7 millones anuales en sueldos. No obstante, este cálculo no descuenta los montos destinados a indemnizaciones, que ya cuentan con financiamiento específico.
En paralelo, el Gobierno prevé abrir nuevas convocatorias para jóvenes profesionales, con el objetivo de renovar y dinamizar la plantilla estatal. Estas nuevas plazas se crearán de manera estratégica, atendiendo las carencias de cada institución y garantizando un perfil orientado a la transparencia y la modernización administrativa.
