La tarde de este viernes la Defensoría del Pueblo exhortó al Gobierno Nacional a declarar de uso público la infraestructura de clínicas y hospitales privados para afrontar la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19.
La Defensoría manifestó su preocupación ante la falta de disponibilidad de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos -UCI- de los hospitales públicos a escala nacional, lo que sumado al incremento de contagios de coronavirus, ha provocado un creciente número de pacientes en espera de una cama de UCI.
Según la institución, esta alarmante situación dificulta que se garantice el derecho a la salud de los ciudadanos, de forma oportuna y como deber primordial del Estado, tal como lo dispone la Constitución de la República del Ecuador.
La lista de pacientes en espera de una cama UCI y de hospitalización en las ciudades de Quito y Guayaquil se acerca a la cifra de 300 personas.
Frente a esta situación provocada por la pandemia, la Defensoría del Pueblo recomienda:
- Que se realicen las acciones pertinentes para declarar, temporalmente, a los hospitales y clínicas privadas, a escala nacional, de uso y servicio público, una vez realizado un estudio que los valore como lugares indispensables para atender la emergencia sanitaria a causa de la pandemia provocada por la Covid-19, debido a que el sistema de salud pública, en términos de recursos e infraestructura, ha desbordado sus capacidades para atender la emergencia sanitaria.
- Que el Ministerio de Salud Pública cumpla la resolución del COE Nacional del 14 de abril de 2021, en la que en su numeral 8 dispuso que “[…] revise y regule los techos de los precios de las pruebas diagnósticas para Covid-19 en laboratorios privados a nivel nacional”. También, se exhorta al Ministerio de Salud para que revise y regule los techos de los precios de los medicamentos y tratamientos para las personas pacientes con Covid-19 en las clínicas y hospitales privados, de forma que se garantice el acceso a la salud. Estos techos de precios de las pruebas deben ser públicos y estar a disposición para el conocimiento de la población en general.
- Que el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Salud Pública, disponga de una política pública a largo plazo para fortalecer las capacidades de los hospitales públicos para la atención de la salud de la población en general.