Continúan los despidos en el sector público

142 empleados de la cementera cañarense Guapán (fundada en 1955) fueron notificados sobre su despido a las 07:00 de hoy. En la entrada principal de la empresa, los directivos publicaron la nómina de los  empleados y trabajadores separados.

Despidos en la empresa Guapán
142 empleados fueron despedidos de la cementera Guapán

Una vez conocida la noticia, este grupo se tomó la planta que abastece de cemento al Austro. En la vía de acceso se ubicaron los familiares que llegaron principalmente de Azogues (ubicada a 15 minutos) para rechazar la medida. El despacho del cemento se paralizó no así la producción porque los obreros que no fueron despedidos siguen laborando. La empresa tenía 250 empleados.

Los ejecutivos de la cementera no dieron una explicación de la razón del despido. Hay presencia de policías y militares. Los principales accionistas de Guapán son el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Banco Nacional de Fomento. Esta empresa cubre cerca del 12% de la demanda del país.

Eeste viernes 2 de diciembre se impidió el ingreso de los trabajadores a sus puestos de trabajo, indicándoles que cumplían órdenes superiores y que todos los que constaban en una “lista” exhibida en el exterior de la empresa, quedaban fuera de sus puestos de trabajo.

 Así, al puro estivo de la “revolución ciudadana”, 147 trabajadores, todos los dirigentes y la mayoría de afiliados al Comité de Empresa de Industrias Guapán, se enteraron que quedaban fuera de sus puestos de trabajo sin ningún documento legal que explique razones y motivaciones para este atropello.

 Cabe indicar que, los trabajadores despedidos no están bajo la jurisdicción de la LOSEP y,  por lo tanto, tampoco del inconstitucional decreto 813, están amparados por el contrato colectivo que garantiza su estabilidad laboral y que, con este masivo despido, está siendo desconocido y vulnerado por el IESS, propietario de la empresa y el gobierno que la ha venido pretendiendo para controlarla directamente.

 Llama la atención el hecho de que el gerente del BIESS, indique que él no ha tenido conocimiento de esta acción. Este despido se trata de un nuevo y descarado atropello a los derechos constitucionales y legales de los trabajadores, en particular en lo que se refiere a los derechos de libre asociación sindical, a la contratación colectiva y la estabilidad, y al derecho a la jubilación de los trabajadores, dado que la mayoría de los despedidos tienen entre 20 y 30 años de trabajo en la empresa y no ha cumplido aún los requisitos de edad y tiempo de aportaciones para su jubilación.

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