El impacto de la reciente decisión de dejar el petróleo del Yasuní ITT sin explotar se refleja en una estimación de pérdidas millonarias para Ecuador en las próximas dos décadas. Se calcula que el país sufrirá un detrimento económico de alrededor de 14.709 millones de dólares durante los siguientes 20 años debido a esta medida. Estas cifras abrumadoras incluyen diversos factores, como los costos de abandono técnico del campo, con una suma de 467 millones de dólares. Además, se consideran los gastos relacionados con la pérdida de empleos y la compensación social, alcanzando la cifra de 251 millones de dólares a lo largo de dos décadas.
El panorama se agrava al contemplar las pérdidas asociadas a las inversiones que se habían realizado el presente año 2023. Se estima que estas pérdidas ascenderán a la cifra de 1.252 millones de dólares. Sumado a esto, se debe tener en cuenta que el cierre de operaciones contribuirá con una disminución económica de 12.039 millones de dólares. Es crucial mencionar que el Bloque 43 del ITT generó el año pasado una producción petrolera valorada en 1.108 millones de dólares, equivalente al 1% del Producto Interno Bruto del país.
La explotación petrolera del ITT desempeñaba un papel fundamental en la financiación de sectores cruciales para el desarrollo nacional, tales como Salud y Educación. También contribuía a la asignación de recursos para Gobiernos Autónomos Descentralizados, la compra de combustibles y las inversiones en los municipios. En 2022, la aportación de este bloque al país pudo haber llegado a alrededor de 1500 millones de dólares..
Desde el 2015 hasta el 2022, la venta de petróleo representó, en promedio, el 29% de los ingresos totales del sector público no financiero. De esta cifra, aproximadamente el 4.1% correspondía a las exportaciones y ventas internas de los derivados de petróleo obtenidos de este bloque en particular.
La Corte Constitucional emitió una resolución el 9 de mayo, en la que se aprobó el dictamen que abogaba por un proceso gradual y organizado para la eliminación de todas las actividades relacionadas con la extracción de petróleo en el ITT en un lapso no mayor a un año desde la notificación oficial de los resultados. Estos datos relevantes forman parte de un estudio sobre los efectos macroeconómicos de mantener el crudo en el subsuelo, publicado recientemente por el Banco Central del Ecuador.
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