La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Estado ecuatoriano sobre una petición presentada por el expresidente Abdalá Bucaram respecto a su destitución de la Presidencia en febrero de 1997, cuando fue separado del cargo bajo el argumento de “incapacidad mental”. La comunicación del organismo, emitida el 11 de agosto de 2025, solicita que Ecuador explique y justifique las razones por las que se aplicó esa causal en el proceso que terminó con la remoción del entonces mandatario.
La misiva de la CIDH otorga al Estado un plazo inicial de tres meses para remitir la información requerida, con la posibilidad de solicitar una prórroga que ampliaría el término hasta cuatro meses. La solicitud de información —precisa la Comisión— “no constituye prejuzgamiento” sobre la decisión final que la entidad pueda adoptar respecto a la petición.
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Petición de Bucaram y antecedentes del proceso ante la CIDH
Abdalá Bucaram presentó la petición ante la CIDH el 26 de octubre de 2015, en la que solicita, además, ser recibido en audiencia para exponer las circunstancias de su destitución. En su reclamo, el expresidente argumenta que fue removido sin el juicio político que le permitiera ejercer su derecho a la defensa y sin la participación de peritos médicos que acreditaran la supuesta incapacidad.
Según comunicaron fuentes vinculadas al caso, el expediente ante la Comisión incluye la reclamación por reparación integral; en reportes previos se menciona que Bucaram reclama 200 millones de dólares como compensación por la destitución de 1997. El proceso ante la CIDH registró una audiencia en Colombia y posteriormente sufrió retrasos, incluida la afectación por la pandemia de covid-19.
Hechos de la destitución en 1997 y sucesión presidencial
Abdalá Bucaram asumió la Presidencia de Ecuador el 10 de agosto de 1996 y fue destituido por el Congreso Nacional el 6 de febrero de 1997, tras seis meses en el cargo. La moción fue planteada por el diputado Franklin Verduga Vélez y contó con el respaldo de 44 legisladores que votaron a favor de la destitución por supuesta incapacidad mental. Tras la remoción, la entonces vicepresidenta Rosalía Arteaga asumió el gobierno por un breve lapso; dos días después el Congreso desconoció su nombramiento y designó a Fabián Alarcón como presidente interino.
Reacciones y procesos judiciales asociados
Tras la notificación de la CIDH, el expresidente publicó mensajes en sus redes sociales cuestionando la forma en que se llevó a cabo su destitución y calificó a los legisladores que votaron a favor como “pillos”. La notificación fue confirmada públicamente por el entorno de Bucaram, que informó sobre la recepción del documento por parte de la Comisión el 11 de agosto de 2025.
Además de la petición ante la CIDH, Bucaram y su entorno han enfrentado investigaciones locales recientes: entre ellas, una investigación por presunta delincuencia organizada relacionada con la compra de pruebas y suministros para detectar covid-19, en la que figuran procesos que incluyen a su hijo Jacobo Bucaram. Estas causas se mantienen abiertas según registros judiciales y reportes periodísticos.
