Caso El Universo: otra factura para Correa

Nueve años después del atropello contra Emilio Palacio y el diario guayaquileño, la Corte IDH se apresta a dictar sentencia. El expresidente ya siente venir otro proceso de repetición.

Ya tuiteó Rafael Correa echándole la culpa al procurador. Dice que si el Estado ecuatoriano pierde el caso El Universo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como parece inevitable a estas alturas, será porque admitió los cargos. “Esto significará $$$ para los pobrecitos de Emilio Palacio y los Pérez”, dice, y tiene razón. ¿No tendría que pagarlos él mismo, de su propio bolsillo? No será ésta una indemnización de 400 y más millones, como en el caso Perenco; será apenas un puñado de millones, una fruslería en escala correísta. Al fin y al cabo, él quiso embolsarse ochenta.

Si el Estado reconoce sus responsabilidades en el caso es porque no le queda más remedio: hubo una penalización (al final se concedieron 40 millones y cárcel para los procesados) desproporcionada para el delito supuestamente cometido; un delito supuestamente cometido que ni siquiera se supo cuál fue, pues no quedó claro en la mal motivada sentencia de primera instancia; una sentencia de primera instancia que fue escrita en una computadora ajena al sistema judicial y entregada en un dispositivo de memoria portátil al juez; un juez, Juan Paredes, que fue demandado por ese comportamiento; un fiscal, Antonio Gagliardo, que archivó el caso a pesar de la contundencia de las pruebas; un Consejo de la Judicatura afín al gobierno que terminó premiando a ambos (con un puesto para Paredes en la Corte Superior del Guayas y otro para Gagliardo en la Constitucional) a través de un concurso de méritos amañado… Todo ello sin contar con que los directivos del diario El Universo y el propio diario fueron incluidos en el juicio, declarados culpables y sentenciados a pesar de que la ley vigente no contemplaba la posibilidad de enjuiciar a personas jurídicas. Ahora viene Correa y dice que la culpa es del procurador. Tiene jeta el prófugo.

Ochenta millones había pedido como indemnización por “daño moral” a El Universo. Cuarenta le concedió el juez. Si algo caracterizó al gobierno correísta, acostumbrado a negocios a gran escala como el de aplanar un terreno por 1.500 millones de dólares, fue su pérdida absoluta de proporción en relación con el valor del dinero. Un millón de dólares, para estos señores, era poca plata. Años más tarde, cuando el diario más grande de la capital, El Comercio, se vendió por un valor de 60 millones, quedó claro que la indemnización pedida por el entonces presidente a El Universo perseguía un solo propósito: quebrar la empresa, obligar a sus propietarios a vender todos sus activos, desaparecer el diario. En este sentido, el caso El Universo es el antecedente directo del cierre del diario El Nacional por una demanda presentada por el poderosísimo Diosdado Cabello en Venezuela.

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Artículo de Roberto Aguilar: “Caso El Universo: otra factura para Correa”

Es verdad que Correa (que actuó, supuestamente, como persona particular) perdonó a sus ofensores y jamás cobró la indemnización, como arguye hoy torpemente la Procuraduría con la esperanza de rebajar en algo su condena. Pero eso no le quita un ápice de culpabilidad al Estado ecuatoriano. El juicio contra Emilio Palacio y el diario El Universo fue un caso de persecución del periodismo y criminalización de la opinión en el que los censores consiguieron exactamente lo que buscaban: demostrar su capacidad de quebrar la empresa informativa que les viniera en gana, su disposición para silenciar a cualquiera; imponer un nuevo orden en la conversación nacional. El efecto en el debate público ecuatoriano fue devastador. La autocensura se impuso en los medios. El periodismo fue posicionado como un oficio ilegítimo en un gran porcentaje de la población. ¿Habría sido vendido el diario El Comercio sin este antecedente?

“El ciudadano Rafael Correa contra diario El Universo”: esa fue la gran farsa de esta historia. El caso El Universo fue, de principio a fin, un asunto de Estado. Lo fue, especialmente, para la Corte Nacional de Justicia posesionada por el propio Correa, significativamente en un teatro (el Sucre de Quito), la noche del 27 de enero de 2012: la Corte hecha a su medida tras un concurso de oposición y méritos sobre cuyas irregularidades y fraudes se han escrito libros. La misma Corte que se preparaba para resolver el recurso de casación presentado por los acusados del caso El Universo y a cuyos jueces, formados sobre el escenario, no se reprimió el presidente de impartir instrucciones más claras que el agua:

“Prepárense -les dijo- a todo un ataque mediático posicionando la idea de que la única forma de mostrar imparcialidad la nueva Corte será fallando contra el Ejecutivo o contra sus miembros. Créanme que no hablo por intereses propios sino por el futuro, por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Aquí tenemos uno de los grandes desafíos para la nueva Corte y el nuevo Ecuador. Que el verdadero estado de derecho se imponga al estado de opinión, donde los que juzgan, exoneran o condenan son los medios de comunicación. Que no sean los medios de comunicación nuestra corte nacional. Sería una inmensa decepción”.

No hay aquí una sola palabra de desperdicio. Una cosa es tratar de influir sobre el sistema de justicia cuando se tiene una palanca. Otra, muy distinta, es hacerlo cuando se es la palanca. Así lo entendieron los jueces. Sin chistar. Un par de semanas más tarde, el 15 de febrero, la nueva Corte se estrenaba a la vida pública en la audiencia de casación del caso El Universo. El juez Wilson Merino presidía un tribunal integrado también por Jorge Blum y Paúl Íñiguez. Cada detalle de esta maratónica sesión de 16 horas, cada palabra vertida en ella, cada gesto de los protagonistas no fue otra cosa que la puesta en escena de la gran farsa de la justicia correísta llevada a niveles esperpénticos.

Fue así desde el principio: ni bien llegó Correa, los guardias de la Función Judicial empezaron a recibir órdenes de sus guardaespaldas y eran éstos quienes determinaban quién podía entrar y quién no, quién podía filmar y quién no, quién podía fotografiar y quién no. Se paseaban entre las filas de asientos expulsando a personas cuya presencia molestaba al querellante (Carlos Andrés Vera, por ejemplo) mientras reservaban las primeras filas para ministros y legisladores correístas: Fernando Alvarado, María Fernanda Espinosa, Doris Soliz, Camilo Samán, Patricio Rivera, Érika Silva, Edwin Jarrín, Roberto Cuero, Pedro de la Cruz, María Augusta Calle, José Serrano… Ahí estaban ejerciendo su presión sobre los jueces, cantando su victoria con horas de anticipación, bufando y cacareando cuando hablaban los abogados de la defensa.

El juez Merino se sometió a todos los caprichos de Correa y se cubrió de vergüenza. Le permitió incluso levantarse haciendo aspavientos mientras hablaban los abogados de la defensa. Cuando se hallaba en uso de la palabra el honorable Hernán Salgado, hoy presidente de la Corte Constitucional, interrumpió Correa y convocó a una rueda de prensa en el cuarto de al lado, separado del salón de la audiencia por apenas una puerta corrediza de madera; y desde ahí, con el amplificador a todo volumen, despotricó exaltado en voz altísima, metiendo tanta bulla que en el tribunal era imposible escucharse. No pudo Salgado continuar con su alegato. ¿Qué hace un juez de verdad cuando una de las partes impide el desarrollo de la audiencia? Como mínimo, llamarla al orden. Y, en este caso concreto, mandar a un miembro de la escolta para que apague sin contemplaciones el micrófono del malportado. Merino, en cambio, propuso abrir un receso hasta que el otro terminara su perorata. Así fueron las relaciones de poder en el caso El Universo. Así fueron sus jueces. Así fueron sus audiencias. Es justo que las víctimas sean indemnizadas. Alguien debe pagar por todo esto. No los contribuyentes, por supuesto.

El perdón, ¿un agravante?

Para Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el proceso judicial del caso El Universo estuvo “lleno de irregularidades”. Él cree que el supuesto perdón concedido a los acusados no sólo que no exime de culpa al Estado, sino que cumplió un papel humillante en el debate público.

Autor: Roberto Aguilar

Fuente: Diario Expreso

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