Cambiar de corruptos

Al asambleísta Juan Cristóbal Lloret le caería de perlas el adagio de que cada ladrón juzga por su condición. En una entrevista de televisión declaró que la elección del nuevo contralor debe nacer de la más amplia y diversa participación ciudadana. Al parecer, los correístas obtusos están aterrados de que les den una cucharada de su propia medicina; es decir, que se designe a un nuevo contralor entre gallos y media noche, tal como hicieron ellos durante diez años con todas las autoridades del Estado.

Luego de que les fallara la alianza con los socialcristianos para, entre otras linduras, bajarse a la fiscal Salazar con la espuria figura de una comisión de la verdad, parece que ahora buscan meterle la mano a la elección del nuevo contralor. Para ello recurren al cuento de una participación ciudadana que, desde su óptica, no será más que una intervención manipulada de cualquier representación de la sociedad civil. Ejemplos nos han dado de sobra.

La disputa por la designación de la nueva autoridad de control resulta crucial desde los intereses de los desgastados partidos y movimientos políticos. Como ya se ha visto a propósito del caso Las Torres, en el desvanecimiento de glosas de la Contraloría puede jugarse la sobrevivencia o la desaparición de una fuerza política. Y de los gobiernos de Alianza PAIS hay demasiada tela por cortar en cuanto al manejo irregular de fondos públicos.

Desde la visión más tradicional de la política, las instituciones del Estado son piezas que se controla y se mueve en función de intereses parciales. La Contraloría serviría para procesar con benevolencia a los amigos y con severidad a los rivales.

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Artículo de Juan Cuvi: “Cambiar de corruptos”

Desde una visión más contemporánea, en cambio, una institución que vela por el buen uso de los bienes públicos, es decir por un patrimonio que formalmente nos pertenece a todos, no debería tener contemplaciones ideológicas en sus intervenciones. Que un contralor sea de izquierda o de derecha tendría que ser, en principio, intrascendente, porque él no decide sobre el destino de los recursos públicos sino únicamente sobre su manejo. El destino de los fondos del Estado es un asunto que debe resolverse en el ámbito de la lucha política; es decir, en la Asamblea Nacional.

La imposibilidad de construir instituciones sólidas nace de la profunda –y justificada– desconfianza ciudadana en el poder. La gente común y corriente percibe que gran parte de las decisiones se toman en espacios reservados, y mediante procedimientos opacos. Esta práctica está tan arraigada que muchos ciudadanos creen que la mejor salida es agarrar el sartén por el mango antes que exigir transparencia; resarcirse de la injusticia revirtiéndola a su favor. Por eso respaldan cualquier verborrea populista que hable de arrebatarle el control de las instituciones a los grupos de poder. Dicho de otro modo, cambiar de corruptos.

En ese sentido, la invocación del asambleísta Lloret no nos aparta de la vieja y corroída lógica del ejercicio del poder y, al mismo tiempo, nos coloca frente al eterno drama nacional: la ausencia de una cultura democrática que permita sostener instituciones sólidas.

Autor: Juan Cuvi

Fuente: Plan V

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