La Asamblea Nacional de Ecuador emitió este jueves 30 de noviembre de 2023 una resolución declarando al expresidente Guillermo Lasso responsable del delito de peculado, culminando así un proceso que había sido interrumpido seis meses atrás cuando Lasso disolvió la legislatura y convocó elecciones generales anticipadas.
Tras reinstalarse después de las elecciones, la Asamblea continuó el juicio político contra Lasso, aunque ya no tenía la opción de destituirlo, ya que el expresidente dejó el cargo hace una semana, siendo su sucesor Daniel Noboa.
La acusación de peculado, respaldada por 116 votos a favor, uno en contra y siete abstenciones, se centró en contratos firmados por la flota petrolera estatal que, según la Asamblea, causaron un perjuicio al Estado en favor de terceros.
La oposición, liderada por el correísmo y el Partido Social Cristiano, impulsó el juicio político después de que saliera a la luz una presunta trama de corrupción en empresas públicas, liderada por el cuñado de Lasso, el empresario Danilo Carrera.
A pesar de que la Corte Constitucional eliminó el cargo de concusión del caso, dejando solo el de peculado, la Asamblea procedió con la votación, considerando fundada la acusación.
La nueva composición de la Asamblea, después de las elecciones, volvió a colocar al correísmo y al Partido Social Cristiano como fuerzas dominantes, reanudando el juicio político a Lasso.
La resolución aprobada ordenó notificar de inmediato al expresidente, así como a la Fiscalía y a la Contraloría, para que inicien los respectivos procesos de investigación y control, sugiriendo la posibilidad de una infracción penal.
Dos días después de reiniciado el debate, la Asamblea optó por no censurar a Lasso y, en su lugar, aprobó una resolución de cinco puntos que lo declara ‘responsable político del delito de peculado‘.
La decisión de la Asamblea se produjo después de que Lasso solicitara a la Corte Constitucional iniciar la fase de seguimiento al dictamen del 29 de marzo de 2023 sobre la interpelación por el presunto delito de peculado. Los magistrados exhortaron a las instituciones a actuar dentro de los cánones constitucionales y del Estado de Derecho.
El debate previo a la resolución en la Asamblea incluyó la defensa del juicio por parte de la bancada correísta y la anticipación de una moción de censura. El Partido Social Cristiano sostuvo que el Legislativo podía continuar conociendo el caso, aunque no podía censurar y destituir a Lasso, quien ya no estaba en funciones.
La votación final de la Asamblea Nacional pone fin a un proceso que ha marcado la escena política ecuatoriana en los últimos meses, dejando a la opinión pública a la espera de las acciones posteriores por parte de las instituciones encargadas de la investigación y el control.
