Amnistía, otro ejercicio de impunidad

Borrón y cuenta nueva: eso quieren. El 14 de enero Leonidas Iza estuvo en la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad para pedir que la Asamblea Nacional lo amnistíe por delitos cometidos contra la seguridad y los bienes públicos durante la protesta de Octubre-2019. Dos acusaciones en su caso: secuestro e instigación.

No solo Iza está interesado a título personal en esa medida. Exige lo mismo, a nombre de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) para otros 260 detenidos o investigados por los delitos de aquellos diez días. Igual pedido ha hecho el Movimiento Pachakutik. La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa (Ecuarunari). La Unión Nacional de Educación (UNE). El Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis, cuyo máximo dirigente, Jorge Calderón, está acusado de paralización de servicio Público durante las mismas manifestaciones…

Amnistía es perdón y olvido de los delitos y de las penas. Y la Comisión de Garantías tiene que velar porque esos expedientes estén completos y armar un informe para que el pleno de la Asamblea Nacional lo debata y lo apruebe con las dos terceras partes de sus miembros. 371 pedidos están en su poder.

En la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el artículo 9-13, consagrado a sus funciones y atribuciones, se lee que la Asamblea Nacional puede “Conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. No se concederán por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia”. El artículo 99 precisa que la amnistía puede ser declarada “por delitos políticos o conexos con los políticos”.

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Artículo de José Hernández: «Amnistía, otro ejercicio de impunidad»

En semanas, la Asamblea removerá, entonces, las cenizas de este capítulo doloroso; en zonas del centro del país en particular. El ambiente que se está construyendo es de total impunidad. Los involucrados en actos de violencia no asumen culpa alguna. No solo eso: se dicen víctimas de persecución política, acusan al Estado de haber provocado la violencia y, de ser amnistiados, pedirán ser resarcidos.

Saqueos y desmanes, destrucción de bienes públicos, ocupación de dependencias públicas, quema de la Contraloría, secuestros de policías y de periodistas, y una larga letanía de otros delitos, podrían pasar al olvido. Todo esto amparado bajo una narrativa que Freddy Carrión -impresentable Defensor del Pueblo en ese momento y ahora preso- oficializó en un informe vergonzoso.

En esta amnistía no se juega la reconciliación nacional como hábil y mentirosamente dice Leonidas Iza: se juega la ineficacia de la ley. Su inexistencia para parte de la población del país. Porque una cosa son los derechos ciudadanos; incluido, por supuesto el derecho a manifestar. O el derecho a la resistencia. Otra, muy diferente, son los mecanismos para hacerlo. Y en ninguna parte de la legislación nacional se lee que para hacer valer los derechos de ciudadanos descontentos con medidas tomadas por el gobierno de turno (en esa época el de Lenín Moreno), se puede aterrorizar, destruir bienes públicos, secuestrar ciudadanos, manosear sexualmente a mujeres policías… Solo la inoperancia de la Fiscalía en este caso permite pensar a los líderes políticos de la asonada de octubre-2019 que pueden trapear con la ley, pedir que les amnistíen y, eventualmente, ser indemnizados. En Estados Unidos, el asalto al Capitolio del 6 de enero 2021, en el cual murieron cinco personas, hay ya 71 condenados con penas que van hasta cinco años. Y algunos procesados podrían ser condenados a 20 años de cárcel.

Los mismos líderes políticos que aquí hablan de un Estado asesino, nada dicen de los centenares de detenidos en Cuba por las manifestaciones pacíficas que hubo el 11 de julio pasado tras 62 años de dictadura. De los 200 casos que la asociación Cubalex dice tener documentados, hay decenas que enfrentan pedidos de hasta 30 años de cárcel. Por sedición. Para ellos es lícito que en Cuba la dictadura actúe contra los que reclaman democracia. Aquí es un atentado defender la democracia que ellos consideran una entelequia sin reglas.

La amnistía, como está planteada, no es un ejercicio de reconciliación: es un pedido de impunidad.

Autor: José Hernández

Fuente: 4 Pelagatos

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