Los allanamientos ejecutados este martes 28 de abril de 2026 en oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, forman parte de una investigación por una presunta red de corrupción interna que habría operado durante más de 11 años dentro de la empresa pública. El caso apunta a la manipulación de planillas eléctricas, cambios irregulares en facturación, uso de reclamos para evadir pagos y posibles sobornos dentro del sistema de distribución de energía.
Las diligencias fueron encabezadas por la Fiscalía y la Policía, con participación de autoridades del Gobierno, entre ellas el presidente Daniel Noboa, el ministro del Interior, John Reimberg, y la ministra de Energía y Ambiente saliente, Inés Manzano. Hasta el momento hay alrededor de 50 personas retenidas, aprehendidas o bajo investigación, entre funcionarios y trabajadores vinculados a áreas sensibles de la empresa eléctrica.
Una red que habría manipulado planillas de luz durante 11 años
Según la información difundida por el Gobierno, la presunta estructura habría intervenido los sistemas de facturación de CNEL para favorecer a determinados usuarios, entre ellos empresas, industrias, comercios y hogares. El mecanismo investigado consistía en modificar valores de las planillas, reducir montos, desaparecer deudas o generar refacturaciones sin sustento técnico.
Las autoridades sostienen que esta red habría funcionado mediante el uso de reclamos administrativos para justificar cambios en las facturas. De esa manera, ciertos usuarios habrían logrado pagar menos por el servicio eléctrico o evadir obligaciones, mientras otros consumidores mantenían el pago completo de sus planillas.
El presidente Daniel Noboa señaló que la estructura habría contado con apoyo interno y también con respaldo de funcionarios de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel. Según el mandatario, la red no solo habría alterado facturas, sino también proyectos eléctricos, lo que habría provocado fallas con impacto directo en los usuarios.
El perjuicio económico estimado por el Gobierno asciende a al menos USD 300 millones. Esa cifra correspondería al daño acumulado durante los años en los que, según las investigaciones preliminares, se mantuvo activo el esquema irregular dentro de la empresa estatal.
Provincias intervenidas y alcance nacional del operativo
Los allanamientos iniciaron en las provincias del Guayas, Azuay y Santa Elena. Sin embargo, conforme avanzó la jornada, se informó sobre intervenciones en más provincias, entre ellas Manabí, Los Ríos, Sucumbíos y Cotopaxi, como parte de un operativo que las autoridades describen como de alcance nacional.
Uno de los puntos intervenidos fue el complejo del ECU 911 en Samborondón, donde funcionan oficinas de CNEL. También se reportaron diligencias en La Garzota, en el norte de Guayaquil, donde cuatro funcionarios fueron retenidos y trasladados a la Unidad de Flagrancia, según los reportes de la jornada.
El ministro John Reimberg afirmó que en Cuenca estarían los “cerebros de la información” de la presunta trama. Según el funcionario, desde esa ciudad se podría obtener información clave sobre el funcionamiento de las redes de facturación y sobre el alcance real de las irregularidades en distintas oficinas de CNEL.
La Fiscalía investiga un presunto delito de peculado. Los operativos incluyeron la revisión de sistemas informáticos, documentación interna y procesos relacionados con facturación, reclamos, notas de crédito y modificaciones de cuentas de usuarios.
Auditoría, patrimonios bajo revisión y afectación a usuarios
Las investigaciones preliminares se habrían originado a partir de una auditoría solicitada por la ministra Inés Manzano. Esa revisión habría identificado irregularidades en unidades de negocio de CNEL ubicadas en Santa Elena, Guayas, Los Ríos, Manabí y Sucumbíos.
De acuerdo con los datos divulgados, solo en 2025 esas unidades habrían facturado cerca de USD 48 millones, pero USD 27,9 millones no tendrían sustento técnico. Las autoridades también detectaron el caso de una trabajadora en Santa Elena que habría manipulado planillas y causado un perjuicio de USD 5,9 millones al Estado.
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Reimberg indicó que algunos funcionarios investigados tendrían ingresos públicos bajos, pero patrimonios que superarían los USD 3 millones. Esa información habría sido detectada con apoyo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico –UAFE– y del Centro Nacional de Inteligencia.
La ministra Manzano pidió disculpas a los usuarios por las afectaciones generadas en la atención al cliente durante los procedimientos. Las molestias se reportaron en zonas de servicio de CNEL en Santa Elena, Guayas, Los Ríos, Manabí y Sucumbíos, mientras se ejecutaban las diligencias.
CNEL es la principal empresa pública de distribución eléctrica del país y cubre el 44 % del territorio nacional. Su servicio llega a provincias como Guayas, Santa Elena, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Azuay y Sucumbíos, entre otras, por lo que el caso tiene impacto directo en decenas de miles de usuarios del sistema eléctrico ecuatoriano.
