El expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley fueron sentenciados a 9 años y 4 meses de prisión por su participación, en calidad de colaboradores, en el delito de delincuencia organizada dentro del denominado caso Pruebas COVID-19.
La resolución fue anunciada la noche del miércoles 9 de septiembre de 2026 por un Tribunal de Juicio de Pichincha, después de un proceso relacionado con la comercialización irregular de pruebas rápidas y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
Tribunal también condenó a otros dos procesados
Además de Abdalá y Jacobo Bucaram, el tribunal declaró responsables a Sheinman Oren, ciudadano israelí, y a Leandro Berrones, exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito.
Ambos recibieron penas de 13 años y 4 meses de prisión, mientras que para Abdalá Bucaram y Jacobo Bucaram se estableció una condena de 9 años y 4 meses. También se dispusieron multas económicas conforme a la resolución judicial.

El origen del caso Pruebas COVID-19
La investigación se remonta a 2020, durante los primeros meses de la pandemia. La Fiscalía investigó una estructura vinculada con la comercialización de aproximadamente 21.000 pruebas rápidas para detectar COVID-19, además de otros insumos médicos.
La acusación sostuvo que los procesados participaron en actividades destinadas a obtener beneficios económicos mediante esas operaciones durante la emergencia sanitaria.
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La lectura de la sentencia sufrió varios aplazamientos
La resolución no pudo conocerse en las primeras fechas fijadas por el tribunal debido a una serie de diferimientos. Varias convocatorias no llegaron a instalarse por la ausencia de Abdalá Bucaram, quien permanecía hospitalizado.
El 3 de septiembre, tras otro intento fallido, el tribunal dispuso su aprehensión una vez que recibiera el alta médica. Posteriormente, la Corte Provincial de Justicia del Guayas rechazó un hábeas corpus presentado a su favor.
Bucaram informó el 9 de septiembre que había solicitado el alta médica y que comparecería para conocer la decisión judicial. La audiencia finalmente se instaló ese mismo día y el tribunal comunicó las condenas durante la noche.
La sentencia puede ser impugnada
La decisión del tribunal corresponde a una sentencia de primera instancia, por lo que las partes procesales pueden presentar los recursos previstos en la legislación ecuatoriana.
El fallo marca además la primera sentencia penal condenatoria contra Abdalá Bucaram después de más de cuatro décadas de trayectoria política, según los antecedentes publicados sobre el proceso.



