La obsesión por la impunidad y la amoralidad de los actores genera cada vez mayor vergüenza por el comportamiento de las instituciones y la desfachatez de sus personeros. Lo ocurrido en el repugnante Consejo de Participación Ciudadana y Control Social –CPCCS– para la designación del presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) no es para menos. Este engendro torpe de la Constitución de Montecristi designó el martes de la semana anterior a Dunia Martínez para esa dignidad, de entre la terna que envió en su momento el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). 48 horas después, en una pirueta descarada, dejó sin efecto esa designación y en su lugar nombró a Mario Godoy, que también integraba la terna de la CNJ.
Estos arrepentimientos y volteretas del CPCCS aumentan el rechazo de la ciudadanía a este órgano que ha sido lugar de escándalos y de acomodos nauseabundos en las designaciones efectuadas. Pero lo ocurrido en este último episodio es de una grosería sin precedentes: la Comisión de Fiscalización –entregada al correísmo en las negociaciones con el partido de gobierno y el PSC- tuvo la desfachatez de llamar a los vocales del Consejo para amenazarles con juicios políticos y destitución si no daban paso a la reconsideración del nombramiento de Martínez y designaban a Godoy.
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Este último personaje ha saltado de institución a institución pública en los últimos 15 años, incluyendo el CNE, el TCE, MIES y Petroecuador sin que registre experiencia ni conocimiento de la administración de justicia. Y si, además, es el escogido por RC y su grupo, hay suficiente razón para dudar de su idoneidad. ¿Cómo pudo el presidente de la Corte de Justicia incluirlo en la terna para la presidencia del CJ?
En el proceso ante el CPCSS fue impugnado por, entre otras cosas, haber sido abogado de narcos y otros personajes siniestros, pero “milagrosamente” los impugnadores no se presentaron a sostener sus acusaciones.
Es evidente que se trata de un nuevo y descarado intento de asegurar un Fiscal General dócil y tomar el control de la sala de lo penal de la CJ para que mediante el recurso de revisión se revoquen las condenas que pesan sobre el refugiado en Bélgica. Pero más allá del hecho puntual “meter la mano a la justicia” es la fijación de este grupo y ahora parece que también del gobierno. Mientras esta realidad no se supere, el país seguirá siendo una nación en la que es muy difícil atraer inversión porque los grupos delincuenciales tienen enorme influencia en las cortes.
Autor: Francisco Rosales Ramos
Fuente: El Comercio
