Los consejeros Augusto Verduga, Vielka Párraga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, de la denominada ‘Liga Azul‘, quedaron fuera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la destitución la noche del viernes 31 de enero de 2025.
El juez de la causa, Guillermo Ortega, dejó en firme la sentencia de última instancia. El magistrado consideró que no hubo una sanción desproporcionada, como alegaron los consejeros en la solicitud de apelación.
La decisión final se tomó con cuatro votos a favor y uno en contra de los jueces del TCE. La resolución se conoce casi cinco meses después de que se dictó la primera sentencia, que fue apelada por los consejeros destituidos.
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Sanción por proselitismo político
Los cuatro consejeros fueron destituidos por realizar proselitismo político durante la campaña electoral. De acuerdo con el magistrado, las publicaciones en redes sociales durante la contienda electoral son consideradas una prueba de infracción electoral. Ahora, Verduga, Párraga, Saltos y Franco Loor deben cancelar una multa de 31 500 dólares, equivalente a 70 Salarios Básicos Unificados. Además, pierden sus derechos de participación política por un lapso de cuatro años.
El caso data de junio de 2024, cuando los activistas Mónica Jaramillo, Santiago Becdach y Pamela Troya denunciaron a los cuatro consejeros por haber recibido auspicio de la Revolución Ciudadana (RC) durante la campaña electoral.
Denuncia y proceso judicial
Incluso, los consejeros hicieron proselitismo vestidos con los colores de ese partido político, con lo que fueron identificados como la ‘Liga Azul’ y recibieron respaldo del expresidente Rafael Correa, líder de esa organización política.
Lo hicieron a pesar de que la ley prohíbe a los candidatos del Cpccs recibir auspicio de partidos políticos.
El juez Fernando Muñoz, el 3 de septiembre de 2024, sentenció a los miembros de la ‘Liga Azul’ como responsables de la infracción y ordenó su destitución.
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Decisión definitiva del TCE
El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral sesionó de forma extraordinaria el 31 de enero de 2025 para resolver la apelación de los consejeros. Durante la sesión, el juez Ortega presentó el proyecto de sentencia ratificando la destitución y sanción económica.
Los jueces Ana Abril, Ivonne Coloma, Joaquín Viteri y el propio Ortega votaron a favor de la destitución, mientras que el juez Richard González votó en contra.
Con esta resolución, la destitución queda en firme y no puede ser apelada nuevamente. Además, la notificación oficial confirmará la ejecución inmediata de la decisión judicial.
