El presidente Daniel Noboa declaró un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna que regirá por 60 días en cinco provincias y tres cantones del país. La medida busca enfrentar la escalada de violencia atribuida a organizaciones criminales.
El Ejecutivo firmó el Decreto Ejecutivo 202 que establece estado de excepción por 60 días en las provincias de Guayas, Manabí, El Oro, Santa Elena y Los Ríos; y en los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar). La decisión fue anunciada la noche del martes 4 de noviembre y entró en vigencia desde el miércoles 5 de noviembre de 2025.
Las autoridades detallaron que la medida se aplica en estas zonas por concentrar actos de violencia atribuidos a bandas organizadas, entre ellos asesinatos, atentados y disputas por control territorial. El decreto busca facilitar operativos de las fuerzas de seguridad en los territorios señalados.
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Hechos que motivaron el decreto
El Gobierno fundamentó la declaratoria en un incremento de hechos violentos registrados en octubre y principios de noviembre, los cuales, según la comunicación oficial, responden en varios casos a disputas entre bandas criminales y no a delincuencia común. Entre los episodios citados figura la explosión de un vehículo el 14 de octubre en las inmediaciones de un centro comercial en Guayaquil, que dejó al menos una persona fallecida y varias heridas, hecho que el Ejecutivo atribuye como probable acción de grupos como Los Lobos.
También se mencionaron homicidios recientes en zonas costeras, como el asesinato en una gasolinera de Salinas (Santa Elena) el 28 de octubre y el crimen de un administrador de un portal digital en Salitre (Guayas), junto a atentados, extorsiones y actos con explosivos que el Gobierno señala como señales de “grave conmoción interna”.
Medidas y suspensión de derechos
El decreto autoriza la suspensión parcial de derechos constitucionales necesarios para las operaciones de seguridad: se permite la suspensión de la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, lo que habilita a la Policía y a las Fuerzas Armadas a realizar allanamientos, inspecciones y requisas, así como el análisis y la interceptación de comunicaciones físicas y electrónicas vinculadas a grupos delictivos.
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Además, el Ejecutivo ordenó la presencia militar en vías, puertos, barrios y puntos estratégicos, con el objetivo declarado de desarticular campamentos, capturar a cabecillas y frenar economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.
Marco legal y seguimiento
El Decreto Ejecutivo 202, que contiene la declaratoria, deberá ser remitido a la Corte Constitucional para su revisión, en cumplimiento del procedimiento legal establecido para este tipo de medidas excepcionales. El Ejecutivo argumenta que la medida es necesaria ante la intensificación de la violencia; fuentes oficiales además han recordado estados de excepción previos y medidas similares adoptadas en meses anteriores.
Las autoridades señalaron que las acciones buscarán, entre otros objetivos, la captura de líderes de grupos delictivos y el bloqueo de rutas y actividades vinculadas al crimen organizado; el seguimiento judicial y constitucional determinará la legalidad y alcance de las medidas adoptadas.
