Lasso y la impunidad

En una democracia en la que existen distintas visiones, los acuerdos entre partidos y movimientos políticos, por lo general, se consideran un ejemplo de salud democrática. Acordar una agenda política común, realizando concesiones en función de mínimos que contribuyen al bien común, debería mirarse como signo de acción democrática, alejada de lógicas extremas, fundamentalismos y exclusiones.

La idea de que ganar las elecciones, en un régimen hiperpresidencialista como el nuestro, cierra la participación a otras fuerzas, es una manifestación de tendencias autocráticas o despóticas.

La realidad es que en nuestro país existe poca confianza en los pactos políticos. La experiencia usual ha sido que los acuerdos, hechos en nombre de la gobernabilidad, no son sino una repartición de cargos y prebendas en la que ciertos ministerios o áreas de la administración, se entregan como si fuesen pedazos de un pastel. La burocracia se pone al servicio de intereses particulares, práctica que ha sido designada como una suerte de privatización de lo público, en la que la concesión de contratos o nombramientos es la moneda de cambio y no, como se esperaría, la obtención de ciertos objetivos de interés común.

El Partido Social Cristiano es el mejor ejemplo de esa práctica. A lo largo de la historia reciente, a excepción del período correísta, sus votos en la Asamblea han sido usados para esos intercambios. Al contrario, en el correísmo la aplanadora negaba todo acuerdo e imponía una agenda en la que el control total del Estado era un objetivo claro. En este contexto, la corrupción hizo su aparición, amparada en una impunidad garantizada desde el poder. El distanciamiento de Moreno, el perder el control de instituciones clave como la Fiscalía, las delaciones ante la justicia norteamericana, en particular en el caso Odebrecht, sumadas a la información sobre obtención de recursos de contratistas públicos para financiar las campañas políticas, colocó a quienes se pensaban intocables en una situación impensada: la de investigados, procesados y condenados.

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Artículo de Farith Simon: “Lasso y la impunidad”

Un elemento central en la agenda de UNES, el correísmo, es ofrecer parte de su capital político por una porción de poder, pero especialmente de impunidad; en esto se parecen mucho al bucaramismo. Recordemos que a Gutiérrez pactar con el PRE, impunidad a cambio de apoyo, le costó la Presidencia.

Lasso ganó gracias a los votos de quienes no querían el regreso del autoritarismo y la impunidad de los corruptos. Cualquier acuerdo político que se construya sobre la idea de “comisiones de la verdad”, amnistías o perdones, es funcional al relato que atribuye las condenas y juicios a razones políticas, lawfare le llaman, y no la existencia de graves casos de corrupción. Por eso, ceder ante cualquiera de esas pretensiones, en nombre de la gobernabilidad, es abrir la puerta a la impunidad, no a la verdad; un pacto sobre esa base habría debilitado al régimen recién electo: gobernabilidad a cambio de impunidad era una traición a sus votantes, señor Lasso.

Autor: Farith Simon

Fuente: El Comercio

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