Un análisis realizado por una alianza periodística liderada por Fundamedios y la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), con la participación de 38 medios de comunicación, reveló que 236 de los 2.089 candidatos a la Asamblea Nacional de Ecuador para las elecciones del 9 de febrero de 2025 enfrentan o han enfrentado procesos penales desde 2014, año en que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esto representa el 11% del total de aspirantes. Los delitos incluyen estafa, concusión, venta de cargos públicos, usurpación de funciones, abuso de confianza, violencia intrafamiliar, delincuencia organizada e incluso asesinato.
Además, la investigación evidenció que 733 candidatos no han presentado su declaración de impuesto a la renta al menos una vez entre 2017 y 2023, y 153 registran deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Estos hallazgos pintan un panorama preocupante sobre la integridad y transparencia de quienes aspiran a ocupar una curul en el Legislativo, órgano encargado de fiscalizar al Estado y crear leyes para los ecuatorianos.
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Procesos penales y candidaturas
De acuerdo con los registros de la Función Judicial, los 236 candidatos con procesos penales han sido acusados de una amplia gama de delitos. En al menos seis casos, los procesos judiciales se han suspendido debido a la condición de candidatos de los implicados, amparados por el artículo 108 del Código de la Democracia, que establece que los candidatos no pueden ser privados de libertad ni procesados penalmente desde su calificación hasta la proclamación de resultados, excepto en casos de delitos flagrantes, sexuales o de violencia de género.
Entre los casos más destacados se encuentra el de Armando Flor Izaguirre (PID), candidato nacional acusado de ser testaferro del narcotraficante Leandro Norero en el caso Metástasis. Otro ejemplo es el de Laura Guato Yupanqui (PSC), candidata en Chimborazo, detenida en flagrancia por presunta perforación del poliducto de Petroecuador. Su proceso quedó suspendido por su postulación electoral.
Elvis Nantip Kajekai, candidato en Morona Santiago por la Izquierda Democrática, también fue implicado en un proceso por presunto asesinato, pero la audiencia de formulación de cargos fue suspendida por su condición de candidato.
En Manabí, el exalcalde de Montecristi, Wilver Arteaga Palacios (PSC y Cambio), enfrenta un proceso por presunto peculado, con un perjuicio estimado en USD 687.726. También destacan los casos de Pablo Naranjo Cruz y Pablo Albán Roura (PID), candidatos en Cotopaxi vinculados al caso Depuración I, relacionado con peculado y enriquecimiento ilícito.
Deudas tributarias y declaraciones pendientes
Otro aspecto que refleja una imagen poco alentadora de los aspirantes a la Asamblea Nacional es la morosidad fiscal. Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), 733 candidatos no han presentado su declaración de impuesto a la renta al menos una vez entre los años 2017 y 2023, lo que representa un 35% del total de candidatos analizados. Este número es particularmente alarmante, pues refleja la falta de cumplimiento con una de las obligaciones fiscales más básicas, en un contexto donde se espera que los futuros legisladores lideren el país y promuevan políticas de transparencia fiscal.
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Entre los partidos que presentan un mayor número de candidatos con problemas fiscales se encuentran Amigo, con 57 aspirantes que no han declarado impuestos, seguido de CREO y el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), con 56 cada uno. La situación es aún más grave para ciertos candidatos como Annabella Azín Arce, madre del actual presidente Daniel Noboa, quien no ha presentado ninguna declaración de impuestos en el periodo analizado.
Además, 153 candidatos tienen deudas con el fisco, de los cuales 27 deben más de USD 300, lo que incluye a figuras públicas como Frickson Erazo Vivero, un exjugador de fútbol, con una deuda de USD 42.092, que aún está siendo impugnada.
Conclusión
Este análisis de los candidatos a la Asamblea Nacional en Ecuador para las elecciones de 2025 deja al descubierto una serie de prácticas y comportamientos cuestionables dentro de la clase política ecuatoriana. La participación de candidatos procesados por delitos graves y con problemas fiscales plantea serias dudas sobre la capacidad de la Asamblea para cumplir su rol de fiscalización y creación de leyes justas.
